Luego del estallido social de 2018, el gobierno de Daniel Ortega se vio obligado a derogar unas reformas a la Seguridad Social que afectaban a miles de pensionados y que fueron la principal chispa del descontento popular. Pero a cinco años de las manifestaciones y la sangrienta represión del régimen, este se ha salido con la suya. De forma discrecional, implementa medidas que hoy perjudican a los adultos mayores de Nicaragua.