El régimen nicaragüense realizó la juramentación de 1,500 personas como policías voluntarios en la ciudad de Estelí, en un acto donde los nuevos agentes mantuvieron sus rostros cubiertos. Este nuevo grupo, denominado “Julio Buitrago”, fue presentado por las autoridades como una iniciativa para “garantizar la seguridad de las familias nicaragüenses”.
La medida ha generado preocupación entre la población, quienes cuestionan la efectividad y transparencia de incorporar agentes sin identificación visible. Los críticos señalan que esta práctica podría incrementar los niveles de impunidad en el país.
Este acontecimiento se enmarca en el contexto de la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua desde 2018, período durante el cual se han observado significativas restricciones a las libertades y derechos ciudadanos.
Fuentes locales indican que muchos de los nuevos reclutas se unen a estas fuerzas debido a la difícil situación económica que enfrenta el país. La falta de oportunidades laborales ha llevado a varios ciudadanos a buscar alternativas para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo la incorporación a estos cuerpos de seguridad.
La incorporación de estos nuevos elementos policiales genera interrogantes sobre el futuro de la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua.
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