Más de cuatro décadas después del reconocimiento formal del régimen autonómico en la Costa Caribe, las víctimas de la violencia estructural y territorial continúan esperando justicia. Lejos de consolidarse, la autonomía concebida como un pacto político para garantizar autodeterminación, territorio y cultura atraviesa uno de sus momentos más críticos.
Organismos internacionales, académicos y liderazgos indígenas coinciden en un diagnóstico: el modelo autonómico ha sido progresivamente subordinado al poder central. Informes como The Indigenous World 2020 y The Indigenous World 2025 del International Work Group for Indigenous Affairs documentan la instalación de “gobiernos paralelos” en comunidades indígenas, integrados por estructuras partidarias afines al oficialismo, que desplazan a autoridades tradicionales electas por las propias comunidades.
Desde 2018 año de la crisis sociopolítica nacional estas estructuras se han consolidado. En las elecciones regionales de marzo de 2024, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo el control total de los consejos regionales autónomos, en un proceso señalado por abstención masiva y ausencia de observación independiente, en este periodo la consecuencia ha sido la suplantación y manipulación política partidaria del régimen.
1860: el antecedente que el Estado nunca cumplió
En 2026 se cumplieron 166 años del acuerdo suscrito entre Nicaragua y Gran Bretaña que reconoció formalmente un régimen especial para las poblaciones indígenas de la región que hoy conocemos como la Costa Caribe nicaragüense. Documentos históricos señalan que la presencia británica en la denominada Nación Mosquitia territorio que se extendía entre lo que hoy es Honduras y Nicaragua registra en el territorio un modelo particular de organización política indígena, antes de la colonización, ocupación y anexión de estos territorios.
Ese reconocimiento quedó plasmado en el Tratado de Managua de 1860, firmado entre Nicaragua y Gran Bretaña, mediante el cual se afirmó la soberanía nicaragüense sobre el territorio, pero al mismo tiempo se estableció el derecho de autogobierno de los pueblos indígenas como principio de respeto a sus estructuras propias.
El tratado no solo resolvía una disputa geopolítica internacional; también sentaba un precedente jurídico temprano sobre la autonomía territorial indígena y estableció el principio de autogobierno indígena. El Artículo 3° garantizaba que: “Los indios de Mosquito disfrutarán el derecho de gobernarse… la República de Nicaragua conviene en respetar y no interrumpir aquellas costumbres u órdenes así establecidas.” La firma del tratado selló el reconocimiento formal de una autonomía territorial que, en la práctica, ya existía. Sin embargo, para muchas comunidades indígenas ese compromiso histórico nunca se tradujo en garantías reales.
Lideresas como Susana Marley, misquita desplazada durante la llamada “Navidad Roja” (operativo militar ejecutado por el Ejército sandinista en diciembre de 1981 que forzó el traslado de aproximadamente 8,500 indígenas desde comunidades asentadas a orillas del río Coco hacia cinco campamentos de reasentamiento) sostienen que el Estado nicaragüense jamás honró plenamente ese principio de autogobierno.
“Nunca tuvimos respeto ni acceso seguro a salud, educación o vivienda digna. Ni siquiera cumplieron los compromisos tras la entrega de armas en 1990. Todo fue mentira.” Señala este como una constante histórica, la autonomía ha sido reconocida en el plano jurídico y proclamada en el discurso político, pero su materialización en derechos efectivos sigue siendo incumplida.
Ella describe el giro más grave que sufren las comunidades; la invasión violenta de colonos armados en territorios indígenas, muchas veces con la complicidad de estructuras estatales. “Enviaron colonos armados, paramilitares, a invadir nuestras tierras. Han matado hombres, mujeres, niños. Ya por último estaban matando por docenas.”
Como miles de misquitas, Mama Tara también fue obligada a emigrar. “Nuestra gente nunca pensó emigrar, sin hablar español, sin conocer la vida de la ciudad. Hoy aguantan hambre, pagan alquiler, los niños tienen que hablar español para ser aceptados en las escuelas. Eso no es autonomía.”
De la resistencia armada al Estatuto de Autonomía
Desde 1987, la Costa Caribe de Nicaragua cuenta con uno de los marcos jurídicos más avanzados de América Latina en materia de derechos indígenas y afrodescendientes. La Constitución Política y la Ley 28 reconocen el régimen de autonomía regional, mientras que leyes posteriores como la 445, que regula la propiedad comunal, y la Ley de Lenguas, que garantiza el uso oficial de los idiomas maternos consolidaron un sistema de gobernanza propio, basado en el respeto a las estructuras comunitarias, territoriales y regionales. Pero décadas después este sistema se ha debilitado drásticamente.
Sin embargo, ese modelo, construido tras décadas de conflicto, negociación y sangre derramada, se encuentra hoy profundamente erosionado. Desde la llegada al poder del régimen sandinista, y especialmente desde 2018, la autonomía ha sido sometida a una sistemática campaña de centralización, represión e imposición política que hoy amenaza su propia existencia.
La Costa Caribe vive hoy uno de los momentos más oscuros desde los años de la “Navidad Roja” masacres, desplazamientos masivos y la reubicación forzada de comunidades en extrema pobreza forman parte de un capítulo que aún no ha sido reparado.
Redel Hebbert, líder líder indígena del pueblo Ulwa Ulwa y miembro de La Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes APIAN en el exilio, señala “La autonomía no fue un regalo. Nos costó sangre. Tuvimos que armarnos para defender la libre autodeterminación y la madre tierra.”
En las últimas dos décadas han sido la era de la cooptación sistemática, según Hebbert, la dirección del Frente Sandinista asumió desde 2007 una misión explícita: “la segunda fase de la revolución es para acabar con la autonomía” En la práctica, esto se ha traducido en un proceso de colonización institucional.
Entregan el territorio que no les pertenece
Los gobiernos regionales autónomos están conformados por figuras leales al partido, los gobiernos comunales y territoriales que en la Ley 445 representan la máxima autoridad indígena sobre la tierra han sido sustituidos o debilitados mediante estructuras paralelas que responden al partido”
Mientras se erosiona la institucionalidad, avanzan las concesiones mineras y madereras en territorios indígenas, muchas vinculadas a intereses chinos, árabes o iraníes, según denuncias locales. A la par, grupos armados y colonos asociados al poder político ocupan tierras ancestrales, desencadenando una violencia que ha dejado más de 50 líderes Mayangna asesinados solo en la zona de Bosawás.
“El gobierno busca aniquilar a los pueblos originarios para quedarse con la tierra y los recursos.”
En su memoria, los nombres de Stedman Fagoth, Brooklyn Rivera, Nancy Henrriquez y cienes de líderes apresados o perseguidos reviven el escenario de la década de 1980, cuando la resistencia indígena enfrentó el discurso oficial que amenazaba con “acabar con los misquitos”.
Reformas constitucionales y subordinación institucional
En 2024, reformas constitucionales ampliaron la concentración de poder en la Presidencia, reforzando la subordinación de instancias regionales. Según IWGIA 2025, estas reformas abren la puerta a una ley constitucional que redefina el alcance de la autonomía.
El riesgo señalado por organizaciones indígenas es que los órganos autonómicos se conviertan en estructuras administrativas sin capacidad política real.
Para la dirigente de YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka) (Hijos de la madre tierra) Yesica Martín, señala la profundidad del quiebre institucional: “Nos quitaron nuestras autoridades legítimas. Ahora imponen a quienes responden al gobierno, no a la comunidad. Eso destruye la confianza y borra nuestra historia. La autonomía se convirtió en un sello vacío.”
Para Yesica, esta cooptación institucional no solo afecta la gobernanza, sino la vida cotidiana: “Las mujeres indígenas vivimos doble violencia: la del Estado que invade y la de un sistema que nos deja sin tierra, sin voz y sin futuro.”
Territorio, violencia y extractivismo
La autonomía se mantiene como un símbolo histórico en el discurso oficial, pero en la práctica opera bajo una lógica de control centralizado. Los territorios comunales constitucionalmente reconocidos como inalienables, imprescriptibles e inembargables se han convertido en el epicentro de intereses mineros, forestales y estratégicos que reconfiguran la región sin el consentimiento pleno de sus pueblos.
Mientras la institucionalidad autonómica se debilita, la presión territorial se intensifica. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido sobre asesinatos, ataques armados y desplazamientos forzados en territorios Mayangna y Miskitu. En la Reserva de Biosfera Bosawás, reconocida por la UNESCO, organizaciones comunitarias documentan más de 50 líderes Mayangna asesinados en la última década en el contexto de invasiones de colonos.
Las concesiones mineras y forestales algunas vinculadas a capitales extranjeros se han otorgado sin procesos adecuados de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), estándar obligatorio según el derecho internacional en materia de derechos indígenas.
La ausencia de consulta no solo vulnera normas jurídicas; también fractura el tejido social y erosiona la legitimidad de cualquier proyecto de desarrollo.
Lusben Taylor, de la Asociación Mayangna para el Desarrollo Social (AMDES), advierte: “Si reforman la Ley 28 o la 445 sería borrar toda la estructura social construida en cincuenta años.”
Taylor identifica tres efectos inmediatos de esta ofensiva: invasiones territoriales persistentes, concesiones extractivas sin consulta previa y presencia de grupos armados que provocan el desplazamiento de comunidades enteras. El impacto es multidimensional: hambre, desnutrición infantil, ruptura comunitaria y una crisis social que golpea con especial dureza a la juventud.
Además, señala una forma menos visible pero igualmente profunda de violencia: la imposición de estructuras comunales paralelas destinadas a debilitar la identidad colectiva y sustituir los mecanismos ancestrales de gobernanza.
Para Taylor, la juventud representa la última línea de defensa:
“El derecho que no se reclama se pierde. No podemos aceptar la eliminación física o cultural. Debemos prepararnos para defender nuestra herencia ancestral desde la educación y la resistencia.”
Exilio y fractura generacional
La migración masiva hacia Managua, Costa Rica y Estados Unidos refleja el colapso territorial. La pérdida del idioma, la precariedad laboral y la fragmentación comunitaria afectan especialmente a la juventud.
EL joven Mayangna Harvis Macario, reflexiona sobre la comunidad donde creció y los problemas que marcaron su vida desde niño. Su voz es pausada, pero cargada de preocupación.
“Hay invasiones y maltratos. Personas que llegan en grupos y crean muchos problemas con las comunidades. Así es difícil trabajar o iniciar un proyecto”, cuenta. Según Macario, los líderes comunales viven en constante angustia, tratando de proteger sus territorios y a sus familias en medio de crecientes presiones externas.
“Algunos líderes se preocupan porque tienen hijos, familias, quieren un hogar sano. Pero otros hacen asociaciones de negocio y eso crea más problemas”, lamenta.
Macario sueña con un futuro distinto para su hijo y para los jóvenes mayangnas de su generación.
¿Autonomía irreversible o resistencia en recomposición?
La historia del Caribe demuestra que la autonomía no nació del consenso sino del conflicto. Hoy, esa misma historia sus lideres apuestan que el intento del intento por desmantelarla es una oportunidad para reconfigurarla como nuevo eje de resistencia indígena y democrática en Nicaragua.
El resultado es una autonomía sin autonomía, una institucionalidad sin legitimidad y un Caribe donde los pueblos originarios deben recurrir a organismos internacionales para reclamar derechos que el propio Estado les reconoció hace casi cuatro décadas.
A pesar del asedio, la resistencia persiste. Organizaciones en el exilio documentan violaciones y buscan alianzas internacionales. Comunidades continúan denunciando invasiones.
Hebbert lo resume con claridad estratégica: “Ortega está debilitado. Es cuestión de tiempo. Pero la resistencia indígena tiene que estar lista, unida, con una propuesta profunda para transformar el país.” La historia demuestra que los pueblos del Caribe sobreviven a los gobiernos, a los imperios y a las dictaduras. Y esta vez, como tantas otras, su lucha y su memoria serán el mapa para el futuro.
Este reportaje se hizo con el auspicio del Fondo de Canadá, para iniciativas locales de la Embajada de Canadá, para Costa Rica, Nicaragua y Honduras.
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