En una escueta nota sin datos de referencias el ejército de Nicaragua anunció la retención de tres ciudadanos y la incautación de 2,300 pies tablares de madera (Cedro Real y Laurel) en la comunidad El Congo, cerca de Mulukukú.
Sin embargo, la operación del Batallón Ecológico “BOSAWAS” vuelve a poner en evidencia una desproporcionada persecución a pequeños comerciantes, mientras grandes redes de tráfico de madera circulan con impunidad en furgones de lujo.
Los detenidos – Oscar Hernández Molina (50 años), Nehemias Garzón Montenegro (48) y Norlan Isaac Ramírez Téllez (20) – transportaban la madera en un camión (placa M 397142) y una camioneta (placa MY 15657). También se les incautó una pistola con 29 proyectiles, aunque no hay indicios de que hayan opuesto resistencia.
¿Doble estándar en la lucha contra la tala ilegal?
Mientras el Ejército despliega operativos contra ciudadanos de escasos recursos – muchos de ellos dedicados al comercio informal de madera para subsistir –, los grandes traficantes, vinculados a poderes económicos y políticos, mueven toneladas de recursos forestales en camiones blindados y furgones, sin ser interceptados.
En 2024, organizaciones ambientalistas denunciaron que el 70% de la madera ilegal salía del país en contenedores de empresas con permisos “irregulares”, pero ninguna fue sancionada.
Rutas privilegiadas y camiones de alto tonelaje circulan cargados de madera mientras pequeños productores son criminalizados.
La madera incautada, ¿a dónde va?
Aunque las autoridades aseguran que la madera se entregó a “instancias correspondientes”, organizaciones locales exigen transparencia:
¿Será subastada a precios irrisorios a las mismas madereras que operan en la sombra?
¿O terminará en aserraderos clandestinos de empresarios protegidos?
Mientras tanto, los tres detenidos enfrentan procesos penales que podrían dejarlos en prisión años, sin tocar a los verdaderos depredadores del bosque.
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