Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, advierte que la persecución política del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se limita al territorio nacional, sino que también se ha extendido a países donde viven miles de nicaragüenses exiliados.
El reporte documenta lo que denomina una red de represión transnacional, que incluiría el uso de sedes diplomáticas, operadores políticos y mecanismos administrativos para vigilar, presionar y limitar derechos de ciudadanos nicaragüenses fuera del país.
Vigilancia desde sedes diplomáticas
Según la investigación, embajadas y consulados habrían dejado de funcionar únicamente como centros de asistencia para convertirse también en puntos de monitoreo e inteligencia sobre opositores.
El informe sostiene que desde estas representaciones diplomáticas se elaboran perfiles y se da seguimiento a nicaragüenses críticos del gobierno que residen en países como Costa Rica, Estados Unidos y España.
Denuncias de “muerte civil” por trámites consulares
El documento también describe lo que califica como “hostigamiento administrativo”, que incluiría la negativa sistemática a renovar pasaportes u otros documentos.
De acuerdo con los expertos, estas prácticas dejan a miles de nicaragüenses en el exterior en una situación de apatridia de facto, al impedirles regularizar su estatus migratorio o acceder a derechos básicos en los países donde residen.
Uso de alertas internacionales
Otra de las denuncias recogidas en el informe señala que el gobierno habría intentado utilizar mecanismos de cooperación policial internacional, incluyendo sistemas vinculados a Interpol, para emitir alertas o acusaciones contra opositores en el exterior.
Según los expertos, en algunos casos estas acciones estarían acompañadas de señalamientos por presuntos delitos financieros, lo que podría afectar la estabilidad económica de personas exiliadas.
Presión contra familiares en Nicaragua
El informe también advierte sobre lo que describe como presión transgeneracional, mediante la recopilación de información sobre opositores en el extranjero que luego sería utilizada para iniciar procesos contra familiares que permanecen en Nicaragua o para confiscar bienes.
Señalamientos a altos funcionarios
El GHREN identifica al actual canciller Valdrack Jaentschke como uno de los funcionarios vinculados a la estructura señalada en el informe, en la que según los expertos se habría articulado una red de inteligencia bajo apariencia diplomática.
Los investigadores instan a la comunidad internacional a considerar procesos judiciales bajo el principio de jurisdicción universal contra 54 funcionarios identificados dentro de la cadena de mando que, según el informe, estarían relacionados con violaciones graves a los derechos humanos.
El documento forma parte de las investigaciones internacionales que buscan documentar responsabilidades en la crisis política y de derechos humanos que vive Nicaragua desde 2018.
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