El régimen de Daniel Ortega ha entregado una concesión minera por 25 años a la empresa china Thomas Metal S.A., para la exploración y explotación de oro, cobre y otros metales en territorios de El Castillo (Río San Juan) y Bluefields (Caribe Sur). La autorización incluye parte de la Reserva de Biósfera Río San Juan, una de las zonas de mayor riqueza ecológica del país, y hogar ancestral de pueblos indígenas y afrodescendientes.
La concesión fue oficializada este mes por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y cubre 200 km², incluyendo áreas cercanas a la Reserva Biológica Indio Maíz, zona declarada de alta biodiversidad a nivel internacional.
Suplantaron estructuras de gobierno comunal para evitar consultas.
Sin realizar consulta previa ni mostrar transparencia pública, el gobierno otorgó este permiso en medio de acusaciones de criminalización al activismo ambiental y exclusión de las comunidades locales. Líderes indígenas y organizaciones civiles denuncian que esta decisión viola derechos colectivos y pone en riesgo el equilibrio ecológico y cultural de la región.
“Nos preocupa que estas decisiones se tomen desde Managua sin consultar a quienes vivimos en estos territorios”, expresó un líder indígena costeño que solicitó anonimato por razones de seguridad.
Preocupaciones
Pobladores de El Castillo y Bluefields temen la contaminación de fuentes hídricas, la deforestación acelerada, y la afectación a medios de vida tradicionales como la pesca artesanal y la agricultura de subsistencia. Además, alertan sobre el posible desplazamiento forzado de comunidades enteras, en una zona que ya enfrenta presión por el avance de colonos e invasores de tierras.
Aunque Thomas Metal S.A. está obligada por ley a presentar estudios de impacto ambiental y social, organizaciones ambientales señalan que estos procesos, en el contexto actual de represión estatal, carecen de legitimidad y participación comunitaria real.
Modelo extractivista prevalece
Este megaproyecto se suma a una serie de concesiones aceleradas otorgadas por el régimen a empresas de capital chino desde que Nicaragua restableció relaciones diplomáticas con China en 2021. Solo en las últimas semanas, se han aprobado nuevas áreas de explotación para compañías como Xinxin Linze Minería Group S.A. y su filial, sobre más de 29,000 hectáreas distribuidas entre León, Chontales, Nueva Segovia y el Caribe Sur.
Mientras el discurso oficial promete empleos e inversión, en las comunidades predomina la preocupación por un modelo extractivo que avanza sin licencia social, sin transparencia y a costa del futuro ambiental y cultural de la Costa Caribe.
