Las personas de la diversidad sexual originarias de la Costa Caribe nicaragüense en el exilio enfrentan múltiples obstáculos para acceder a servicios básicos, tanto en Costa Rica como en Estados Unidos. Debido a su identidad de género, origen étnico afrodescendiente o indígena, y estatus migratorio, viven al margen de los sistemas de protección de derechos fundamentales.
Linda Núñez, socióloga y defensora de derechos humanos, explica que la persecución hacia las personas trans en Nicaragua no comenzó en 2018, sino que se intensificó desde el regreso del Frente Sandinista al poder en 2007. “No solo eran reprimidas por su disidencia política, sino también por su disidencia social y de género. Las personas trans sufren una violencia particular, marcada por el ensañamiento institucional y social”, afirma.
La discriminación no termina al cruzar la frontera
El patrón de exclusión acompaña a las personas trans desde la educación primaria hasta la vida adulta. Se les niega el derecho a estudiar bajo su identidad de género, acceder a empleos dignos o recibir atención médica sin discriminación. Muchas de ellas llegan al exilio sin educación formal, sin ingresos y arrastrando historias de violencia.
Yasuri Potoy Ortiz, presidenta de la Asociación MESART, capítulo Costa Rica, señala que enfrentar el duelo migratorio es uno de los primeros retos: “Dejamos un hogar, dejamos una casa. La primera necesidad es ese duelo por lo que habíamos construido en Nicaragua y nos arrebataron”.
A pesar de los avances legales en Costa Rica, la discriminación y la estigmatización persisten. “El acceso al trabajo depende mucho de la actitud de quien te va a contratar, si te acepta con tu identidad y tu expresión”, enfatiza.
Testimonios de lucha y resiliencia
Frank Martínez, periodista, defensor de derechos humanos y persona no binaria, denuncia que la discriminación se manifiesta en diversos ámbitos: “En los centros de salud de Costa Rica me han discriminado, me han retardado los medicamentos por 3 o 4 días. Esa expresión del rostro de rechazo puede decir mucho a una persona vulnerable”.
Isabela González, mujer trans y funcionaria de IRCA Casa Abierta, relata que su transición fue tardía debido al rechazo social: “Por las noches me vestía como me sentía, pero de día debía aparentar otra cosa para poder trabajar. Solo a los 25 años, con el apoyo de mi familia, pude iniciar mi transición”.
La interseccionalidad como barrera invisible
La discriminación se agrava para quienes, además de ser trans, son indígenas o afrodescendientes. “Te discriminan por ser trans, por ser mujer, por ser indígena y por no hablar español. Todo eso se acumula y te invisibiliza aún más”, explica Linda Núñez.
El Informe de ACNUR sobre la situación de las personas LGBTI refugiadas en Costa Rica señala que el 70 % de las personas trans migrantes han sufrido algún tipo de discriminación en servicios públicos, especialmente en salud y educación.
Exclusión, explotación y derechos pendientes
En Costa Rica, el acceso a procesos de hormonización para personas migrantes está condicionado al seguro social, un requisito difícil de cumplir. “Muchas chicas se automedican, exponiéndose a graves riesgos de salud”, advierte González. Desde IRCA, brindan apoyo en el cambio de nombre en documentos y en el acceso a educación y trabajo.
Catus, un hombre trans indígena afro de origen muslito, recuerda: “Lo más difícil era conseguir trabajo. Estuve en situación de calle y tuve que regresar a casas de acogida, lo cual no es bien visto. También enfrentamos explotación laboral; mi pareja fue retenida en una casa sin poder salir, casi esclavizada”.
El llamado urgente a políticas de inclusión
Mientras tanto, el contexto en Nicaragua continúa siendo alarmante. Según el Informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua de marzo de 2023, el régimen de Daniel Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad, con represión específica contra sectores disidentes, incluida la población LGBTIQ+.
Organizaciones como Nicaragua Nunca Más e IRCA Casa Abierta documentan estas historias invisibilizadas. No obstante, persiste la necesidad de leyes nacionales que garanticen el derecho a la identidad, acceso a la salud transafirmativa, y oportunidades reales de trabajo y protección.
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