El régimen de Daniel Ortega otorgó una nueva concesión minera a la empresa china Thomas Metal S.A. por 39,172 hectáreas durante 25 años, en el lote El Castillo, dentro de la zona fronteriza de Río San Juan. La decisión vuelve a colocar en la mira a la Reserva Biológica Indio Maíz, una de las áreas protegidas más sensibles del país.
Nueva concesión sobre un territorio en disputa
La nueva entrega minera se suma a otras concesiones ya otorgadas a la misma empresa, que según reportes recientes acumula tres lotes cerca y dentro de Indio Maíz, con una extensión total de 108,464.30 hectáreas. Ambientalistas y defensores territoriales advierten que esta expansión acelera la presión extractiva sobre un espacio clave para la biodiversidad y para la vida de las comunidades que habitan la zona.
Denuncian falta de consulta a pueblos indígenas
Organizaciones vinculadas a la defensa territorial han denunciado que estas concesiones se habrían aprobado sin consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas afectados. En particular, advierten que la medida impacta el territorio Rama y Kriol, donde las comunidades reclaman respeto a sus derechos ancestrales y a los mecanismos de protección establecidos por la ley.
Una política que empuja sobre áreas protegidas
Para los críticos, este caso confirma un patrón de avance minero sobre áreas protegidas y territorios indígenas en la Costa Caribe nicaragüense. La concesión ha sido interpretada como una nueva muestra de la lógica extractiva del régimen, que prioriza la explotación de recursos por encima de la protección ambiental y de los derechos de los pueblos originarios.
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