Yojeisel, de 16 años, y Francisco, de 12, estaban entre las seis personas asesinadas durante un operativo del Ejército en San Pablo 22. Sus restos fueron enterrados en una fosa común y su madre continúa reclamando justicia.

Seis personas murieron durante un operativo militar en 2017
El 12 de noviembre de 2017, antes de la crisis sociopolítica de abril de 2018, un operativo del Ejército de Nicaragua en la comunidad San Pablo 22, municipio de La Cruz de Río Grande, Caribe Sur, dejó seis personas fallecidas.
Entre las víctimas estaban Yojeisel Elizabeth Pérez Valle, de 16 años, y su hermano Francisco Alexander Pérez Valle, de 12, hijos de la campesina Elea Valle Aguilar.
El Ejército presentó los hechos como un enfrentamiento con un grupo delincuencial al que vinculó con actividades armadas. Según la versión oficial, los militares respondieron después de que los integrantes del grupo abrieran fuego.
Sin embargo, familiares y organismos de derechos humanos cuestionaron esa explicación y denunciaron que las circunstancias de las muertes no habían sido esclarecidas.

Elea Valle denunció las muertes y reclamó los cuerpos de sus hijos
Después del operativo, los seis cuerpos fueron enterrados en una fosa común. Elea Valle denunció que no pudo recuperar los restos de sus hijos y cuestionó que las autoridades los presentaran como integrantes de un grupo delincuencial.
El 23 de noviembre de 2017, acompañada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), presentó una denuncia ante la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército, en la que exigió una investigación, la entrega de los cuerpos y garantías para su seguridad.
Posteriormente, la madre también cuestionó públicamente la versión policial sobre las circunstancias de las muertes y reclamó participar en las diligencias para recuperar los restos de sus familiares.
La CIDH otorgó medidas cautelares a Elea Valle y sus hijos
El caso trascendió las fronteras de Nicaragua. El 24 de febrero de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Elea Valle y sus hijos sobrevivientes.
La Comisión consideró que existía una situación de gravedad y urgencia relacionada con los riesgos que enfrentaba la familia después de denunciar las presuntas muertes de sus familiares durante el operativo militar.
La resolución solicitó al Estado de Nicaragua adoptar medidas para proteger la vida y la integridad personal de los beneficiarios, además de informar sobre las acciones para investigar los hechos y evitar su repetición.

Nueve años después, las preguntas siguen pendientes
A nueve años del operativo del 12 de noviembre de 2017, el caso de San Pablo 22 permanece como uno de los episodios denunciados de violencia militar contra población campesina en el Caribe Sur.
La historia de Yojeisel y Francisco recuerda que las denuncias de abusos contra comunidades rurales anteceden a la crisis de abril de 2018. También mantiene vigente el reclamo de una madre que exigió conocer la verdad sobre la muerte de sus hijos y recuperar sus restos.
¿Qué ocurrió realmente aquella madrugada en San Pablo 22? ¿Por qué una madre tuvo que recurrir a organismos nacionales e internacionales para reclamar los cuerpos de sus hijos?
La falta de esclarecimiento independiente y de respuestas satisfactorias a las demandas familiares mantiene abierta una deuda de verdad y justicia.

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