Un octubre de hace 37 años, los sandinistas aseguraron que una ley le daría autonomía a los territorios indígenas de la Costa Caribe del país y la aprobaron.
Le llamaron Ley 28 o Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, pero no solo no la cumplieron entonces, tampoco lo hacen ahora, que regresaron al poder y no lo sueltan desde hace 16 años.
Septiembre reciente fue un mes gris para varios indígenas. Vivieron asedio, secuestro y persecución, lo que terminó en cárcel para al menos tres líderes de la región, uno de ellos diputado; Brooklyn Rivera Bryan, del que hasta esta fecha, según su familia, se encuentra en condición de desaparición forzosa sin que se conozca donde está y en qué condiciones.
El partido de Rivera Bryan, Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, Yatama, en lengua miskita e “Hijos de la Madre Tierra” en español, fue de inmediato anulado por el Consejo Supremo Electoral, CSE, por órdenes de Daniel Ortega, un vez que secuestraron a su líder.
De inmediato, policías, antimotines y fuerzas de choques parapoliciales, militarizaron las comunidades para sofocar cualquier intento de rebelión. Otra vez, la Costa Caribe es sometida por la fuerza.
A la par, la zona sufre otro mal que ya es crónico: cumple más de 10 años de una invasión sangrienta de colonos que les han robado sus territorios ancestrales y los han matado, violado a sus mujeres y quemados sus bienes cuando se resisten al desplazamiento forzado.
Brutalidad en la zona y la amenaza sigue
El 23 de agosto del 2021, familias del cerro Kiwakumbaih del territorio Mayangna Sauni As, fueron atacados por colonos armados. A la esposa de un líder comunitario, la violaron más de una vez y la mutilaron delante de su familia para dejar sentado el escarnio de su brutalidad. El ataque perpetrado en horas de la noche dejó 11 asesinatos que siguen impunes según denuncia de las comunidades.
Las organizaciones defensoras de los derechos indígenas del país, han hecho denuncias cada vez más frecuentes para exigir que paren los abusos en el territorio indígenas. Sus informes, dan razón de que entre 2011 y 2020, asesinaron a al menos 49 indígenas miskitos, otros 48 han sido heridos y al menos 46 sufrieron secuestros. Cuatro de ellos, siguen sin ser devueltos a su familia.
El Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (Calpi), publicó un informe en el que señala que este año ha sido funesto para las comunidades indígenas. Colonos que gozan de la protección gubernamental, han asesinado solo en el territorio Mayangna Sauni As a nueve indígenas, heridos a cinco comunitarios y ejecutados seis secuestros. A ello hay que sumarle más de dos viviendas quemadas. Todo en un solo mes, marzo.
Una lucha constante contra Colonos
Como si no fuera suficiente, en la Costa Caribe, los indígenas libran una batalla silenciosa para evitar que el régimen de Daniel Ortega los obligue a convivir con los colonos.
El saqueo de sus bienes naturales y más toma de sus territorios, una interpretación que hacen los líderes indígenas si se echa a andar el proyecto Bioclima, una iniciativa climática que supuestamente busca reducir la deforestación en las biosferas de Bosawás y Río San Juan y que impulsa el régimen con fondos internacionales.
Los comunitarios han denunciado que eso no solo le garantizará al régimen de Daniel Ortega el acceso “a manos libres” de US$116 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, sino que la estrategia que ha ofrecido Ortega y Murillo, los obligan a cohabitar con los colones, perder acceso a sus recursos naturales y que foráneos los saqueen.
Por ahora, el proyecto está paralizado debido a las denuncias de las oenegés y las comunidades que piden que no le cedan al régimen el “fondo verde” porque no les garantiza ninguna seguridad a los territorios. Mientras, el régimen hace de todo para hacer creer que el proyecto traerá beneficios.
Años de sufrimiento
Para líderes de la zona, la Costa Caribe padece una severa crisis de derechos humanos, la que ha empeorado desde el año 2015 que se incrementó la invasión y despojo violento de los territorios indígenas constitucionalmente reconocidos.
Desde entonces, las organizaciones y los líderes que denuncian lo que ocurre en esta zona especial del país han documentado asesinatos, secuestros, desapariciones, violaciones sexuales y otras agresiones, así como el desplazamiento forzado de las comunidades.
El despojo y la violencia perpetrados, han derivado en otro problema; una crisis alimentaria inusitada, que pone a los pueblos indígenas de Nicaragua al borde del etnocidio.
“¿Cómo les garantizás alimento a tu familia si te quitan tus tierras?¿Dónde cultivás tu comida?¿Con qué recursos vas a sobrevivir si te queman tu vivienda?”, se pregunta un comunitario indignado que aunque ha salido de la zona, pide protección a su identidad por sus familiares que allá sufren. “Allá pasan cosas terribles”, asegura para este reporte.
Los líderes de la zona han exigido al régimen detener la invasión a los territorios indígenas, revisar las concesiones mineras que se han repartido a capitales ligados a su administración y que detenga la violencia brutal desatada contra comunitarios indígenas.
“La comunidad entera sufre, todo lo que el régimen de Daniel Ortega ha permitido, ha implicado la destrucción de casi todos los medios de vida de los pueblos indígenas”, acusa el comunitario desplazado.
Deuda pendiente
“Hay una deuda con este territorio”, dice por su lado el crítico del gobierno Rendell Herbert. El costeño, un defensor de la autonomía de la zona, dice que aunque en el pacífico digan que “son zonas especiales, pueblos autónomos”, no se respeta la ley que establece el derecho a sus recursos ni a su administración.
“Aquí vienen políticos del pacífico a imponer sus criterios, a impulsar concesiones que a los costeños no le dejan nada”, criticó.
Dicen algo, pero hacen otra cosa
Jonny Allen es un ciudadano miskito que dejó su casa de tambo en Wouhnta Bar, una comunidad ubicada en el litoral sur del municipio de Puerto Cabezas, en el Caribe norte. Vive en Costa Rica desde hace un año y medio y cuenta que antes de dejar a su familia, intentó encontrar algún trabajo en el pacífico.
Trabajó en Managua, primero, en el mercado Oriental y alguien le dijo que en Chinandega podría hallar trabajo en una purera. Lo intentó, pero no duró porque la demanda superaba la oferta. Contó que dejó su comunidad porque “allá no hay de qué vivir ya”.
Explicó que la comunidad depende mucho de actividades ancestrales como la pesca y la agricultura, pero los pasos de los huracanes Eta y Iota hace tres años, dejaron más miseria de la que padecían. “Esos son pueblos olvidados”, dice.
Deuda histórica en la Costa
Por su parte, el régimen que gobierna Nicaragua desde el 2007, admite que hay una deuda gigante con estas zonas del país, pero con mucha frecuencia busca una coartada para no cargar con todo el desastre.
Rosario Murillo, la vocera del régimen, una experta en torcer las realidades del país, suele acuñar el término “responsabilidad compartida” cuando les conviene decir que no todo es culpa del Estado.
Y claro, es aparentemente una política de su régimen. Este 31 de octubre por ejemplo, en Nueva York donde se celebró la Tercera Comisión de Naciones Unidas sobre Asuntos Sociales, Humanitario y Cultural, la representante de Nicaragua participó sin ningún rubor, en el Debate General sobre Derechos Humanos y exaltó las bondades del régimen en relación a esos derechos.
“Lucha contra el racismo”
Unas horas después, una nota de prensa que circuló en medios del gobierno contaron que Eleane Pichardo Urbina, la Ministra Consejera, en su calidad de Representante Permanente Alterna de Nicaragua ante las Naciones Unidas, resaltó que en su país trabajan para eliminar de raíz la discriminación racial.
Dijo que el gobierno que representa avanza “en la lucha contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, bajo la visión humanista, filosofía de trabajo ético, principios y valores cristianos, socialistas y solidaros que caracterizan a nuestro Gobierno de Reconciliacion y Unidad Nacional, GRUN”.
Al respecto, Allen dice que la primera mentira del régimen es que representa a un gobierno de unidad y reconciliación nacional. “¿Cuál reconciliación? Viven en guerra con la gente”, asegura. Y es que Daniel Ortega y Rosario Murillo gobiernan Nicaragua con la fuerza de las armas y desde abril del 2018, dedican sus días y sus mejores esfuerzos a una represión que es repudiada a nivel interno y por la comunidad internacional.
Pichardo Urbina dijo en su comparecencia que “la comunidad internacional tiene una deuda histórica con los territorios autónomos y no autónomos” y que su gobierno se solidariza firmemente con el “derecho inalienable a su autodeterminación e independencia”. Además dijo que “estaban en contra de las ocupaciones coloniales y neocoloniales”.
“Lo que dicen, no va con lo que hacen. ¿Por qué permiten tantos abusos contra el pueblo indígena? Dejar que los maten, exploten sus recursos y evitar que tomen sus propias decisiones como pueblo autónomo es una forma de colonialismo también”, critica un activista indigena que aún vive en la zona.
Estrategia de sometimiento total en marcha
Para los pueblos indígenas, la estocada reciente contra Yatama de parte del régimen Ortega-Murillo, sienta las bases de un peligroso sometimiento político que ahora tienen claro “cuándo y cómo comenzó”, pero no saben cómo terminará. “Es un desafío a un pueblo acostumbrado a luchar contra las injusticias”, advierte el líder indígena. Asegura que se vive una ambiente tenso en la zona, “que puede explotar en cualquier momento”.
Advirtió que el Consejo Supremo Electoral, (CSE), anula a la organización política indigena cerca de las elecciones regionales fijadas para el año próximo año en la Costa Caribe del país.
En la zona tienen claro que Ortega y su régimen, ordena la destrucción del bloque político autóctono como parte de la estrategia de quitar obstáculos para tomar el control político de la zona por la vía de las votaciones que el tribunal electoral siempre le teje a su medida.
“Olvidan que el pueblo indígena es grande, de generación en generación seguiremos en la lucha de resistencia, el mundo tiene que saber que no pararemos de alzar la voz”, señala por su lado la líder indigena Haidey Bautista.
La militante del anulado Yatama, dice que mantendrán la denuncia sobre “los secuestros ilegales que es la fecha y no se detienen, la movilización forzada y el abuso e invasión de nuestro territorio”.
“No somos un pueblo delincuente cómo ha querido imponer este régimen encarcelando a nuestra gente, hemos defendido nuestras tierras con sangre porque es nuestro derecho de sobrevivencia, el pueblo no va a ceder a las arbitrariedades de esta dictadura, el mundo conoce la condición de Nicaragua, ustedes tienen armas, pero nosotros tenemos la voz para seguir denunciando estos atropellos a la integridad humana”, cuestionó Bautista.
Líderes desaparecidos
Por su lado, la también líder indigena miskita del Caribe norte Anexa Alfred Cunningham, quien también es miembro del mecanismo de pueblos indígenas en las Naciones Unidas, rechazó la represión contra los pueblos indígenas.
“Hay líderes desaparecidos en manos del régimen, esta es la segunda vez que cancelan la personería jurídica de Yatama que no es un simple partido político. Tocar a Yatama, es trastocar la identidad del pueblo miskito”, alertó Cunningham.
