La detención de 50 mineros nicaragüenses en Crucitas, San Carlos (Costa Rica), durante operativos de abril, refleja una problemática más profunda: el desempleo creciente en Nicaragua, que obliga a miles a buscar sustento en actividades de alto riesgo, incluso fuera del país.
Detención y ocupación de equipos
Los 10 mineros fueron capturados extrayendo material ilegalmente y puestos a órdenes judiciales. 40 más fueron retenidos por Migración por ingresar irregularmente a Costa Rica. Se desmantelaron 10 centros de procesamiento de oro y se incautaron equipos valorados en más de 30 millones de colones (≈2.1 millones de córdobas).
Desempleo en Nicaragua obliga estas faenas
Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2023), Nicaragua tiene una de las tasas de desempleo más altas de Centroamérica (5.8% oficial, pero con subempleo superior al 60%).
La falta de oportunidades laborales en Nicaragua empuja a miles de ciudadanos a tomar caminos riesgosos para sobrevivir: muchos migran irregularmente hacia Costa Rica, Panamá o Estados Unidos; otros se exponen a la minería artesanal, pese a su ilegalidad y peligrosidad; mientras que la mayoría subsiste en la economía informal, ya sea como comerciantes ambulantes o en agricultura de subsistencia, sin acceso a seguridad social ni condiciones laborales dignas.
Según informe de SINAC Costa Rica, el impacto ambiental y legal de la minería ilegal en Crucitas ha generado deforestación y contaminación por mercurio y conflictos fronterizos por incursiones de nicaragüenses.
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