La nueva jornada de convivencia familiar eleva a 6.400 los reos beneficiados este año, mientras persisten cuestionamientos por sus efectos en la seguridad ciudadana.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la liberación de 2.000 reos bajo el régimen de convivencia familiar, como parte de las actividades por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista. Con esta decisión, el número de personas beneficiadas asciende a 6.400 en lo que va de 2026.
Cuarta liberación masiva en seis meses
La excarcelación anunciada corresponde a la cuarta jornada de convivencia familiar realizada este año.
El calendario de liberaciones ha sido el siguiente:
- 2 de febrero: 1.200 reos.
- 1 de abril: 1.200 reos.
- 30 de mayo: 2.000 reos.
- 15 de julio: 2.000 reos.
En total, 6.400 personas condenadas han sido enviadas a convivencia familiar durante 2026.
Más de 55 mil beneficiados en la última década
De acuerdo con cifras oficiales, 55.164 personas condenadas han sido incorporadas a este beneficio durante los últimos diez años.
Solo en 2025 fueron liberados 9.900 reos, la cifra anual más alta registrada en la última década.
Organizaciones cuestionan el impacto de la medida
Diversas organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por estas liberaciones masivas, al considerar que podrían incidir en el aumento de hechos delictivos y limitar la capacidad de seguimiento sobre las personas beneficiadas.
También han señalado que la política penitenciaria merece mayor transparencia respecto a los criterios utilizados para otorgar el beneficio de convivencia familiar.
Contraste con la situación de los presos políticos
Mientras miles de personas condenadas por delitos comunes recuperan la libertad de manera anticipada, organizaciones nacionales e internacionales continúan denunciando que personas consideradas presas por motivos políticos, así como sacerdotes, periodistas y defensores de derechos humanos, permanecen encarcelados, desterrados o impedidos de regresar a Nicaragua.
Este contraste ha sido señalado por organismos de derechos humanos, que cuestionan la diferencia en el tratamiento otorgado a personas condenadas por delitos comunes y a quienes consideran perseguidos por razones políticas.
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