Despojo territorial, captura institucional, suplantación del consentimiento indígena y la reconfiguración de la propiedad al servicio de la expansión extractiva y los capitales transnacionales.
Cuando Adrián, un guardabosque Mayangna, perdió a su hermano y quedó con una discapacidad tras las agresiones armadas contra su comunidad, tuvo que abandonar la tierra donde había vivido toda su vida. Junto a su familia, emprendió el camino hacia el Pacífico de Nicaragua para salvar la vida. Dejó atrás su hogar, su comunidad y el territorio que había ayudado a proteger. Hoy sobrevive lejos de sus raíces, en un lugar que no escogió, con una historia marcada por la violencia y el desarraigo. La masacre ocurrió el 11 de marzo de 2023 en Wilú, dentro de la Reserva de la Biósfera Bosawás: cinco comuneros fueron asesinados y casi todas las viviendas quedaron incendiadas.
Su historia forma parte de una realidad más amplia: comunidades desplazadas, líderes indígenas perseguidos y defensores territoriales detenidos o sometidos a restricciones. Entre ellos, Brooklyn Rivera murió bajo custodia estatal en mayo de este año; Steadman Fagoth quien permease en la cárcel junto a ocho guardabosques mayangnas. La persecución, la represión, el exilio, las invasiones territoriales y el empobrecimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes ocurren mientras el Estado nicaragüense amplía las concesiones de exploración y explotación minera, profundizando la disputa por el control de los territorios comunales y sus recursos naturales.
Desde el exilio, Susana Marley, «Mama Tara», lideresa misquita, resume el reclamo de quienes exigen recuperar sus tierras: «Entregamos armas por la paz bajo promesas de autonomía. En vez de cumplir las leyes, mandaron colonos armados a matarnos y despojarnos. Exigimos nuestra tierra libre de invasores para regresar ahora mismo»
La embestida minera con más de 2 millones de hectáreas
Bajo la narrativa del desarrollo nacional y la atracción de inversiones, el Estado de Nicaragua ha configurado un modelo de extractivismo autoritario donde ejerce de manera simultánea como regulador, promotor y parte interesada. Tras reestructurar el marco legal y transferir la administración de los derechos mineros a la Procuraduría General de Justicia la misma entidad encargada de la defensa jurídica del Estado, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidó al cierre del tercer trimestre de 2026 un inventario acumulado de 223 concesiones para minería metálica vigentes que abarcan 2,694,898.95 hectáreas. Esta superficie equivale al 20.4% de la masa terrestre del país, de las cuales más del 53% de las hectáreas concesionadas han sido adjudicadas de forma acelerada entre 2022 y 2026.
El monitoreo geoespacial y ambiental al 30 de septiembre de 2026 demuestra un ritmo de expansión sin precedentes: en solo 75 días se otorgaron 10 nuevas concesiones metálicas y 2 prórrogas, sumando 275,754.68 hectáreas adicionales a la minería. Ocho de estas diez nuevas concesiones se concentran directamente en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, impactando en más de 33,500 hectáreas adicionales de tierras comunales.
Con esta nueva oleada, la masa territorial afectada en los 15 territorios indígenas y afrodescendientes titulados bajo la Ley 445 sobrepasa las 574,500 hectáreas, lo que representa más del 15% de toda la propiedad comunal de la Costa Cari afectando aproximadamente 183,945 habitantes, de acuerdo a los informes de la La CONADETI (Comisión Nacional de Demarcación y Titulación de Tierras Indígenas)
Mientras las estadísticas oficiales del Banco Central de Nicaragua (BCN) confirman que el oro se ha consolidado como el principal rubro individual de exportación del país, impulsando los ingresos del sector extractivo nacional, esta bonanza comercial contrasta de forma radical con las denuncias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). En sus informes, el organismo internacional evidencia que la concesión acelerada de lotes mineros a corporaciones extranjeras se ejecuta vulnerando de manera sistemática el derecho originario al Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI), en medio de una severa crisis de derechos humanos caracterizada por la persecución a autoridades tradicionales, el despojo territorial violento y la impunidad en las agresiones contra las comunidades indígenas de la Costa Caribe
El cartel trasnacional liderado por China y la redistribución de los gigantes occidentales
Lejos de responder únicamente a un alineamiento político exclusivo, la ocupación minera en Nicaragua está sostenida por una red trasnacional donde conviven empresas asiáticas, canadienses, colombianas, británicas y nicaragüenses aliados del régimen. A nivel nacional, las corporaciones chinas controlan el 53.02% de la superficie concesionada (1,287,399.37 hectáreas repartidas en 22 subsidiarias como Thomas Metal, Brother Metal, Zhong Fu Development, Nicaragua Xinxin Linze y Xiajing Minería).
Le sigue el bloque canadiense encabezado por Equinox Gold (tras absorber a Calibre Mining), con el 30.37% de la tierra concesionada (635,370 hectáreas en 45 lotes); el Grupo Mineros de Colombia (HEMCO) con el 7.23% (175,594 hectáreas en 30 lotes); y el consorcio británico Metals Explorations (La India Gold), que tras negociaciones de alto nivel con representantes del régimen duplicó su presencia hasta alcanzar 129,311 hectáreas en 22 concesiones.
En los territorios indígenas y afrodescendientes titulados de la Costa Caribe, el reparto corporativo se distribuye con precisión: el 40.43% de los lotes pertenece a empresas chinas, el 31.91% a filiales de Equinox Gold/Calibre Mining, el 23.40% a HEMCO/Mineros y el 4.26% a firmas nicaragüenses como Global Group. Más del 89% de estos títulos fueron adjudicados bajo las administraciones de Ortega y Murillo, al tercer trimestre de 2026 demuestra que la llegada de consorcios de Pekín no desplazó a las mineras tradicionales, sino que se sumó sobre un catastro fragmentado mediante cesiones opacas y remuneraciones de lotes previamente “renunciados”.
Gobernanza refractaria, la estrategia estatal para vaciar la autonomía desde adentro
Para medir la gravedad de la embestida extractivista actual, es preciso recordar que la autonomía de la Costa Caribe no nació como una concesión administrativa de Managua en la Constitución de 1987, sino como la reafirmación de un derecho originario. Mucho antes de la consolidación del Estado nicaragüense y de la firma del Tratado de Managua en 1860 donde se pretendió delimitar la reserva caribeña, los pueblos de la Mosquitia contaban con sus propias instituciones de autogobierno, leyes consuetudinarias, alianzas internacionales y una autodeterminación de hecho sobre sus tierras y ríos.
La actual entrega masiva de concesiones mineras sin consulta no hace sino prolongar una histórica lógica colonialista, pretendiendo tratar a los territorios ancestrales como propiedades baldías estatales en lugar de patrimonios colectivos e inalienables.
Para comprender la magnitud de la ofensiva extractivista en la Costa Caribe, es preciso analizar la transformación de la institucionalidad local. El informe del Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (OPIA) introduce el concepto clave de Gobernanza Centralizadora Refractaria(GCR) para explicar cómo las políticas centralistas del Estado no destruyen frontalmente el marco autonómico, sino que alteran su trayectoria desde adentro. Al igual que la refracción en física desvía la luz al atravesar un medio distinto, la GCR opera desviando las funciones originales de la autonomía, diluyendo la autoridad comunitaria y reorientando sus decisiones hacia las prioridades económicas del poder central, vaciándola de contenido operativo.
El mecanismo más visible de este socavamiento ha sido la imposición de autoridades paralelas o “mamparas”. El partido de gobierno ha establecido más de 27 gobiernos comunales/territoriales paralelos en la Costa Caribe, afectando a más del 80% de los territorios indígenas titulados.
En comunidades del Caribe Norte como Tawira, coexisten juntas directivas legítimas electas por la asamblea, pero despojadas de certificación oficial, junto a directivas comunales/territoriales paralelas no reconocidas socialmente, pero certificadas por el Estado. En el sur, en el territorio Rama y Kriol, la presidencia del gobierno territorial y su asesoría jurídica fueron asumidas por militantes del partido de gobierno para firmar acuerdos mineros a espaldas de la población.
Esta pérdida de representatividad contrasta con la memoria histórica de las comunidades. Como recuerda Rendel Hebert, exgobernador y excoordinador del Gobierno Regional del Caribe Sur (GRACCS), antes de la consolidación autoritaria iniciada en 2006, la Ley 28 (Estatuto de Autonomía) y la Ley 445 se respetaban de forma operativa. Cualquier solicitud de concesión debía remitirse obligatoriamente a la Asamblea Comunal antes de ser discutida en las comisiones del Consejo Regional. Las decisiones eran públicas, existía debate, participación de instituciones ambientales como el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) y Secretaría de Recursos Naturales del Gobierno Regional (SERENA), e incluso derecho a la protesta y al recurso de amparo ante los tribunales. Hoy, en cambio, los Consejos Regionales responden de forma vertical a directrices emitidas desde Managua, mientras, los tribunales de justicia en las regiones autónomas y en la CSJ evitan responder las demandas de las comunidades.
El control estatal no se detuvo en las estructuras formales de gobierno. En un hallazgo inédito documentado por OPIA, la vigilancia política ha traspasado las fronteras institucionales para infiltrar los espacios religiosos y la vida cotidiana. En comunidades como Indian River (territorio Rama y Kriol), las autoridades eclesiásticas locales han sido forzadas a presentar previamente la agenda de sus sermones a agentes estatales, quienes permanecen apostados fuera de los templos escuchando los servicios religiosos. Este nivel de intromisión ha eliminado los últimos espacios comunitarios de relativa autonomía e intercambio seguro.
La trampa legal que sustituyó el consentimiento originario por trámites exprés
Un componente central en el desmantelamiento de la gobernanza ha sido la confusión intencionada entre la participación ciudadana ordinaria y los derechos colectivos diferenciados de los pueblos originarios.
Como enfatiza el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), en el ordenamiento jurídico existen tres niveles de decisión totalmente distintos que el Estado ha pretendido sustituir o manipular:
El Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI): Derecho colectivo, previo, vinculante, inalienable e insustituible que corresponde de forma exclusiva a las Asambleas Comunales y Territoriales conforme a la Ley 445 y el Convenio 169 de la OIT. La Consulta Pública Municipal: Trámite ambiental ordinario regulado por la Ley 217 y la Ley de Municipios. El Aval del Consejo Regional: Trámite político-administrativo que jamás sustituye la decisión soberana de la Asamblea Comunal.
A través de la Ley N° 1248 (Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible) y el Decreto Presidencial N° 06-2025, el Ejecutivo eliminó las prohibiciones expresas de explotación minera en áreas protegidas y suprimió los mecanismos de consulta pública a nivel municipal, reduciendo los plazos de evaluación ambiental a solo 30 días hábiles. Asimismo, subsumió la autonomía municipal bajo la Procuraduría para las Municipalidades (bajo el control de la Procuraduría General de Justicia) y fijó plazos perentorios de 10 días para que los Consejos Regionales emitieran su opinión, pasados los cuales el Estado aprueba unilateralmente la concesión.
Los datos del monitoreo al tercer trimestre de 2026 confirman la velocidad de esta maquinaria burocrática: para 8 de las 10 nuevas concesiones metálicas otorgadas entre julio y septiembre de 2026, la obtención de la certificación minera tomó 11 días o menos. Entre estos casos sobresalen los lotes ‘La Alforja’ (otorgado a empresas chinas invadiendo más de 10,000 hectáreas del territorio Doce Comunidades Indígenas y Afrodescendientes en Laguna de Perlas) y ‘Jade’ (que invade más de 23,000 hectáreas de los territorios mayangnas MATUMGBAK y Sauni As, reasignando en un 99% una superficie a la que Calibre Mining había renunciado previamente).
A esto se suma la aprobación de la Ley N° 1275, que adscribió la Dirección General de Minas a la Procuraduría General de Justicia. Con esta modificación, el Estado consolidó un conflicto estructural de interés al convertirse en juez y parte: la misma institución encargada de la defensa jurídica del Estado es la que administra, otorga y supervisa los lotes mineros. Sin embargo, como subraya CALPI, aunque el Estado haya eliminado las consultas públicas ordinarias en los decretos ambientales, el derecho al CPLI sigue plenamente vigente en la legislación nacional e internacional, por lo que todo título otorgado sin la aprobación de las Asambleas Comunales constituye un acto administrativo nulo e ilegal que carece de validez jurídica.
Este mismo procedimiento utilizado por el estado para aprobar concesiones mineras sin CLPI también se dio con la construcción del Puerto de Bluefields en el municipio de Kukra Hill, esta construcción es considerado como parte del proyecto y derogada ley del Gran Canal Interoceánico. Kukra Hill forma parte de la demanda de demarcación territorial de la comunidad afrodescendiente creole de Bluefields.
Legalización del colono y el exterminio del ‘güirisero’ indígena, una perversión de la Identidad
El avance extractivo ha redefinido las dinámicas sociales en el territorio, haciendo imprescindible establecer la diferencia conceptual y jurídica entre la población originaria y los actores externos.
Desde la perspectiva de las organizaciones comunitarias como la Fundación PRILAKA, se distinguen dos categorías clave: el Indígena/Afrodescendiente, que mantiene una relación histórica y espiritual con el territorio concebido como patrimonio inalienable; y el Colono/Tercero, que se asienta de manera ilegal y violenta, imponiendo un modelo de ganadería extensiva y despojo. A la invasión física impulsada como una estrategia del Estado utilizando a colonos armados que ha derivado en masacres impunes como las de Alal, Wilu y Kiwakumbai se une una amenaza jurídica sin precedentes: la reciente reforma constitucional clasifica a los colonos mestizos asentados en la región como “pueblos originarios” con derechos sobre la tierra. Las comunidades califican esta medida como una “perversión de la identidad”, cuyo objetivo es diluir la titularidad ancestral y legalizar el despojo comunal.
Esta estrategia de legitimación de terceros se evidencia en los propios contratos mineros. Como revela CALPI, los títulos de concesión incluyen una cláusula estándar que obliga a las empresas a censar a los mineros artesanales mestizos y les permite ocupar hasta el 1% de la superficie del lote concesionado. De este modo, el Estado utiliza la minería industrial para normalizar y formalizar la presencia de colonos e intermediarios en tierras indígenas, dejando su actividad sin control ambiental ni regulación sobre el uso de mercurio y cianuro.
Esta combinación de invasión y contaminación hídrica por mercurio ha fracturado el tejido social calificado como un crimen de lesa humanidad. En las cuencas de los ríos Coco, Prinzapolka y San Juan, la presencia de metales pesados en las fuentes de agua utilizadas por las mujeres para cocinar y beber amenaza la salud pública comunitaria lo que podría conllevar al exterminio de estas poblaciones en el mismo periodo por el que se dieron las concesiones (25 años).
A la par, la minería industrial ha ido desplazando a los mineros artesanales indígenas (güiriseros), obligándolos a entregar la broza en sacos a las plantas industriales de las empresas, las cuales controlan de forma exclusiva el laboratorio, el procesamiento y el pesaje final, pagando entre 6 y 10 dólares menos por onza en un esquema de total dependencia y subordinación económica que expone a estos pueblos a la inseguridad alimentaria por ende mayor pobreza, hambre y muerte.
“Tenemos parcelas de banano, pijibay y aguacate, pero no podemos trabajar ahí porque están los colonos. Desde 2024 la güirisería indígena se ha vuelto casi imposible; nos dicen que no tenemos nada que hacer ahí. La disputa no es solo por el oro, es por el acceso al trabajo y a la tierra para comer.” Minero artesanal Mayangna, territorio Mayangna Sauni As (Bonanza).
El plan gubernamental es una reforma silenciosa para derogar el blindaje de las Leyes 28 y 445
El hallazgo de mayor gravedad política documentado por OPIA es la existencia de un plan gubernamental, confirmado por líderes comunitarios, para reformar directamente la Ley 28 (Estatuto de Autonomía) y la Ley 445 (Régimen de Propiedad Comunal).
Aunque estas reformas no han sido anunciadas en la agenda legislativa pública, el proceso ya está en marcha. La extensión impuesta de los mandatos de las autoridades comunales y territoriales alineándolos de forma arbitraria con el calendario de las elecciones nacionales sin consulta en las asambleas constituye el primer paso operativo de esta maniobra.
De concretarse la modificación de las Leyes 28 y 445, se consumaría la amenaza más grave al marco autonómico desde su fundación en 1987. El proyecto busca transformar la autogobernanza comunitaria en meras dependencias administrativas del poder ejecutivo central, eliminando el régimen de inalienabilidad, e imprescriptibilidad de la propiedad colectiva para abrir de forma definitiva las tierras ancestrales al mercado inmobiliario y minero.
“Nuestros bosques, ríos y cultura son lo único que tenemos para continuar con nuestra visión milenaria. La imposición de órganos paralelos y las concesiones generan una inseguridad territorial y alimentaria que busca liquidar nuestra autogobernanza.” Harvis Macario y Lusben Taylor, investigadores jóvenes y representantes de la organización AMDES en el exilio.
La Resistencia clandestina ‘detrás de la cortina’ son las vigencias de las sentencias internacionales, la denuncia y la documentación para la memoria que no prescribe
Existe una conexión entre extractivismo y represión, para entregar miles de hectáreas de tierras comunales tituladas sin resistencia, el Estado ha avanzado a la par de una implacable estrategia de desarticulación del liderazgo originario, encarcelamiento de defensores territoriales y liquidación de la autonomía comunal.
El caso de Brooklyn Rivera Bryan, histórico dirigente misquito, exdiputado y presidente del partido indígena YATAMA, sintetiza la gravedad de esta crisis: detenido de forma violenta por fuerzas policiales el 29 de septiembre de 2023, permaneció en condición de desaparición forzada durante más de 32 meses, hasta que el régimen difundió imágenes suyas en estado de salud crítico el 27 de mayo de 2026. Rivera murió bajo custodia estatal el 30 de mayo de 2026, lo que motivó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) a exigir una investigación pronta, independiente e imparcial. La represión se extendió a su entorno: familiares y allegados que acudieron a reclamar su cuerpo fueron retenidos o encarcelados.
La persecución contra el liderazgo de YATAMA incluyó a la exdiputada misquita Nancy Elizabeth Henríquez James, arrestada el 1 de octubre de 2023 y condenada a ocho años de prisión tras un juicio sin garantías. Aunque fue excarcelada el 21 de marzo de 2026, quedó recluida bajo un régimen de casa por cárcel y severas restricciones a su libertad. A estos patrones se suma la detención de Steadman Fagoth Müller, arrestado el 14 de agosto de 2024 tan solo 24 horas después de denunciar públicamente la devastación de los bosques ancestrales y la invasión armada en los territorios originarios; a pesar de que medios oficiales difundieron imágenes de una visita en junio de 2026, sus familiares han denunciado la imposibilidad de mantener contacto directo o verificar sus condiciones reales de reclusión.
La criminalización ha golpeado con igual dureza a los guardabosques y defensores de base en el corazón de las reservas. El 18 de octubre, dos viviendas fueron incendiadas en Dimanwas, territorio Mayangna Sauni As, en el Caribe Norte. La Asociación Mayangna para el Desarrollo Social (AMDES) denuncia una escalada de agresiones, despojo territorial y falta de protección efectiva por parte del Estado.
Entre las víctimas mortales figuran Dionicio Hernández Bruno y su hijo, Wilmer Hernández Smith, asesinados durante un ataque atribuido a colonos armados.
El 5 de febrero de 2024, cuatro integrantes de la familia Bruno, defensores territoriales del pueblo Mayangna, fueron condenados a 25 años de prisión en un proceso viciado y cuestionado por organismos internacionales por la denegación del derecho a la defensa. Como advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe del 30 de octubre de 2025, el desmantelamiento intencionado de la autogobernanza y la parálisis del saneamiento territorial no son omisiones administrativas, sino los mecanismos que han facilitado la ocupación violenta de las tierras indígenas y la entrega de sus recursos al capital minero.
Frente a la consolidación del modelo extractivista, el Estado nicaragüense ha optado por el desacato sistemático. A pesar de la sentencia histórica dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 18 de noviembre de 2024 que reconoció por primera vez la Libre Determinación como un derecho autónomo de los pueblos Rama, Kriol y Creole de Bluefields, el régimen no ha ejecutado una sola medida de saneamiento ni titulación. Al contrario, respondió otorgando nuevas concesiones mineras a empresas chinas dentro de la Reserva Indio Maíz (Thomas Metal, lote El Castillo de 39,172 ha) y en la comunidad de Tiktik Kaanu (Nicaragua Xinxin Linze, lote Victoria de 33,910 ha), a las que se suma en el tercer trimestre de 2026 el lote La Alforja en Laguna de Perlas.
La respuesta del gobierno nacional ante la sentencia de la Corte IDH define la política de exterminio que utiliza el Estado de Nicaragua hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe ante el derecho colectivo a sus tierras comunales en las Regiones Autónomas en los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maiz. Las acciones del Estado definen el desprecio hacia los derechos colectivos de los pueblos para la administración de sus tierras comunales del que son dueños de dominio pleno a como se define en los 23 títulos entregados a estos pueblos en el marco de la Ley 445 y el derecho ancestral.
La respuesta del Estado de Nicaragua ante la sentencia de la Corte IDH obliga a analizar la política de gobierno nacional hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes en territorios ancestrales de la Mosquitia, dado que los desplazamientos, las concesiones, los asesinatos, el intento de desmantelar las estructuras comunales, territoriales y regionales demuestra que el gobierno nacional no pretende coexistir con estas formas tradicionales de gobernanza en territorios indígenas y afrodescendientes.
El costo humano de esta defensa territorial ha sido el exilio, la cárcel o la muerte. Liderazgos históricos viven en el desplazamiento forzado, mientras la policía mantiene bajo vigilancia constante a las lideresas que permanecen en el territorio. Para evitar poner en riesgo la vida de las víctimas, CALPI ha decidido no convocar audiencias presenciales de supervisión ante la Corte IDH.
En su lugar, las comunidades han desarrollado formas creativas y clandestinas de resistencia. Se han conformado comisiones secretas y redes de confianza que operan “detrás de la cortina” dentro de los territorios para monitorear el avance de las maquinarias mineras, documentar las violaciones a los derechos humanos y mantener la articulación con la diáspora. La estrategia de las comunidades es justicia y reparación, las sentencias internacionales permanecen abiertas e intactas, listas para ser ejecutadas cuando se restablezca la democracia.
Fuentes esenciales:
- OPIA (Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes): Documentación sobre la Gobernanza Centralizadora Refractaria (GCR), la imposición de más de 27 autoridades paralelas y la vigilancia sobre espacios comunitarios.
- CALPI (Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas): Análisis jurídico del CPLI, la ilegalidad de las concesiones exprés, la «cláusula del 1%» que formaliza colonos y el desacato del Estado.
- Fundación PRILAKA: Análisis sobre las cifras de población afectada e identificación conceptual de la invasión de colonos.
- AMDES y testimonios comunitarios: Investigaciones de defensores jóvenes y testimonios directos de líderes Misquitos, Mayangnas y exautoridades regionales.
- Corte IDH: Sentencia del 18 de noviembre de 2024 sobre el derecho a la Libre Determinación de los pueblos caribeños.
- OACNUDH: Exigencia de investigación por la muerte bajo custodia del líder Brooklyn Rivera.
- CIDH: Informe del 30 de octubre de 2025 sobre agresiones, invasiones e impunidad en condenas a defensores territoriales.
- Leyes y Decretos: Ley 445, Ley 28, Ley 217, Ley 1248, Decreto Presidencial 06-2025, Ley 1275 y el Tratado de Managua de 1860.
- Catastro Oficial: Cifras de concesiones e inventario administrado por la Procuraduría General de Justicia y el Ministerio de Energía y Minas.
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2025). Situación de los derechos humanos en Nicaragua: Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Documento A/HRC/60/, Tema 4 de la agenda). Consejo de Derechos Humanos, 60.º período de sesiones. Organización de las Naciones Unidas
Este reportaje. se realizó con apoyo de la beca de producción periodística de DW Akademie y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX). La beca es parte del proyecto global “Space for Freedom” de la iniciativa Hannah Arendt, promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.
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