Pobladores del territorio Mayangna Sauni As, en la Costa Caribe Norte, aseguran que varias comunidades permanecen bajo presión por la presencia de colonos y cuestionan la respuesta de las autoridades ante las denuncias presentadas por los Wihta o jueces comunitarios.
La preocupación fue expresada principalmente desde Musawas, donde pobladores señalan que los sectores de Minikpapamna, Yakalpana, Cerro Pico Tres, Cerro Wilu, Cerro Isahmul, Sulun y Kunkun estarían bajo una situación de tensión. Temen que puedan repetirse episodios de violencia registrados anteriormente y solicitan a las autoridades garantizar la seguridad de las comunidades.
Los denunciantes también cuestionan al comisionado Orlando y a la vicealcaldesa Jamileth Lino, a quienes señalan de presuntamente negarse a recibir denuncias planteadas por los Wihta. Estas acusaciones corresponden a los pobladores y no han sido verificadas de manera independiente; tampoco se obtuvo, para esta publicación, la versión de los funcionarios señalados.
Un conflicto que no comenzó ahora
La situación denunciada tiene antecedentes documentados por organismos internacionales. En febrero de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió medidas cautelares para pobladores de Musawas, Suniwas y Wilú, después de considerar que enfrentaban una situación de gravedad y riesgo de daños irreparables. La Comisión señaló entonces amenazas, intimidaciones y hechos de violencia relacionados con la presencia de colonos y los procesos de saneamiento territorial.
En abril de 2023, la CIDH solicitó además a la Corte Interamericana ampliar las medidas provisionales para pobladores de Musawas y Wilú. La Comisión documentó amenazas de muerte, secuestros, presencia de terceros armados, asesinatos y desplazamientos forzados, y advirtió que la conflictividad territorial persistía.
Uno de los antecedentes más graves es la violencia ocurrida en Kiwakumbaih, dentro del territorio Mayangna Sauni As. La CIDH recogió información sobre el asesinato de al menos 11 pobladores indígenas en agosto de 2021 y señaló que el área estaba vinculada a actividades tradicionales de subsistencia y minería artesanal.
La disputa también gira alrededor de la tierra y los recursos
Los pobladores sostienen que el problema no se limita a la presencia de colonos. También denuncian presuntas negociaciones de tierras comunales y la utilización de documentos o constancias que, según ellos, facilitarían el ingreso y permanencia de terceros dentro del territorio.
En sus señalamientos mencionan a Tenisler Serapio Kiarans, identificado como kunisma, y a Kain Rolando Escobar, a quienes atribuyen presuntas actuaciones relacionadas con documentos para favorecer el ingreso de personas mestizas. Entre los casos mencionados aparece una constancia que haría referencia a unas 8,000 manzanas ubicadas en sectores como Kati Pura, Mais Tawa, Krabbu y Kukuns.
Estas acusaciones requieren verificación documental y la versión de las personas señaladas antes de establecer responsabilidades. Precisamente por ello, uno de los principales puntos de esta investigación debería ser determinar quién emitió esas constancias, qué autoridad las respaldó, a quiénes benefician y si las tierras mencionadas forman parte oficialmente del territorio comunal.
La Ley 445 reconoce los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras comunales que tradicionalmente han ocupado y sobre los recursos naturales que tradicionalmente han aprovechado.
Una petición que vuelve a repetirse
El reclamo de los pobladores es concreto: protección, atención a sus denuncias y garantías para permanecer en su territorio.
La pregunta de fondo vuelve a ser la misma que permanece pendiente desde hace años: ¿qué tan efectiva está siendo la protección de las comunidades indígenas cuando sus habitantes aseguran que continúan sintiéndose amenazados dentro de sus propios territorios?
El caso merece seguimiento, especialmente si existen nuevas denuncias formales, documentos sobre la supuesta negociación de tierras o reportes oficiales sobre la situación de seguridad en las comunidades mencionadas. La CIDH ya ha advertido que la conflictividad en Sauni As representa un riesgo para la vida, la integridad y la permanencia de las comunidades en sus territorios.
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