La separación de los líderes religiosos ocurre tras casi dos años de disputas internas y en medio de denuncias sobre la intervención del régimen de Ortega y Murillo en las estructuras de la Iglesia Morava y la usurpación de templos.
La Iglesia Morava de Nicaragua destituyó el 2 de noviembre de 2026 a siete líderes religiosos acusados de promover la división interna de la congregación y organizar una nueva denominación denominada «Iglesia Evangélica Juan Hus de Nicaragua».
Siempre habrá quienes tienen intereses personales
El presbítero Alfredo Joiner, presidente de la Asociación Morava, confirmó a La Prensa que la decisión puso fin a un ciclo de «casi dos años de tensiones» con el grupo disidente.
En un oficio oficial, la iglesia señala que los sancionados incurrieron en «autoexclusión de la Provincia Morava, conformación de estructuras externas […] la promoción de divisiones y la gestión de personerías jurídicas independientes».
La lista de destituidos incluye a los pastores Uray Miguel Avelardo, Burton Benjamin Mercado, Francisco Wayman Goffin, Rubén Bruno Zeledón, Víctor Boob Hunter y Rondolf Ochoa Rosales, además del presbítero Salvador Sarmiento Alvarado.
Sarmiento, quien se encuentra jubilado, es señalado por Joiner como uno de los principales dirigentes del grupo opositor que rechazaba el proceso de reconciliación interna.
La jerarquía Morava sostiene que los siete líderes promovieron una estructura paralela y gestionaron una personería jurídica propia para la Iglesia Evangélica Juan Hus, acciones que motivaron su separación de la denominación.


La Mano Pachona: la sombra del régimen sobre la fractura morava
La crisis interna de la Iglesia Morava ocurre en un contexto de creciente presión política sobre las comunidades religiosas de Nicaragua, particularmente en la Costa Caribe Norte, donde esta denominación mantiene una presencia histórica.
La Iglesia Morava de Nicaragua, con congregaciones en Bilwi y Bluefields, reúne alrededor de 317 congregaciones y unos 130,000 fieles en el país. Sin embargo, desde agosto de 2024 su personería jurídica fue cancelada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Además, informes locales documentan que decenas de templos moravos de la región caribeña han sido arrebatados por facciones afines al régimen.
La organización Wangki reportó que al menos 28 congregaciones moravas han recurrido a la resistencia pacífica mediante la instalación de champas temporales, luego de perder sus templos. Asimismo, unas 43 iglesias habrían sido usurpadas por la fracción oficialista de la denominación.
En este escenario, la destitución de los siete pastores evidencia una fractura que trasciende las diferencias doctrinales y organizativas, en una comunidad religiosa sometida a fuertes tensiones políticas.

El control político alcanza las estructuras religiosas
Analistas locales vinculan las disputas dentro de la Iglesia Morava con las estrategias de control político impulsadas por el régimen Ortega-Murillo sobre organizaciones autónomas.
En medios independientes se ha señalado que el establecimiento de copresidencias y codirecciones en distintas instituciones constituye un mecanismo de vigilancia y control interno.
Un analista costeño considera que esta misma lógica se extiende al ámbito religioso:
«La política del gobierno para las iglesias que tienen mucha influencia es crear el conflicto, igual que lo que hicieron con gobiernos comunales […] Esa ha sido la estrategia, y alcanza hasta a ellos mismos con la creación de copresidencias, codirectores, etc.».
Otro analista costeño advierte que el acercamiento del régimen a las iglesias mediante supuestas ayudas e inversiones puede convertirse en una vía para intervenir en sus estructuras y limitar su autonomía.
«Los pastores deben tener claro que el régimen busca el control absoluto», sostiene. También señala restricciones a los permisos de viaje de líderes religiosos y obstáculos para su retorno al país.
Las declaraciones apuntan a un escenario en el que la disputa por el liderazgo de la Iglesia Morava Caribe Norte podría estar relacionada con dinámicas más amplias de intervención política y debilitamiento de las estructuras comunitarias independientes.
La destitución de los siete pastores se produce, así, en medio de una profunda polarización religiosa y política en la Costa Caribe Norte, donde la pérdida de templos, la cancelación de personerías jurídicas y las divisiones internas mantienen bajo presión la autonomía de las comunidades moravas.




