La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que persisten los riesgos para comunidades de Polo Paiwas, Naranjal, Cocal y Suniwas, en la Costa Caribe Norte, por la presencia de colonos armados, ocupación territorial, amenazas y desplazamientos forzados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió mantener el seguimiento de las medidas cautelares otorgadas a integrantes de las comunidades indígenas de Polo Paiwas, Naranjal, Cocal y Suniwas, así como a determinadas personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua, ante la persistencia de graves riesgos para su seguridad e integridad.
Mediante la Resolución de Seguimiento y Levantamiento Parcial 90/2026, adoptada el 4 de noviembre de 2026, la CIDH concluyó que continúan vigentes las condiciones de gravedad, urgencia e irreparabilidad que justifican la protección internacional, en el marco de las medidas cautelares MC 505-15.
CIDH alerta sobre control territorial de colonos armados
La Comisión advirtió que las comunidades indígenas siguen enfrentando hechos de violencia relacionados con la presencia de colonos armados, la ocupación de tierras, los desplazamientos forzados, las amenazas y la violencia sexual.
También señaló el deterioro de las condiciones de vida y las dificultades de acceso a servicios básicos, mientras persisten las denuncias sobre la falta de saneamiento territorial y prácticas que favorecerían la ocupación de territorios indígenas.
Según la información presentada por la representación de las comunidades, se registra una dinámica de consolidación del control territorial por parte de terceros, que incluye la destrucción de cultivos, restricciones a la movilidad, apropiación de infraestructura comunitaria y afectaciones a las formas tradicionales de subsistencia de los pueblos indígenas.
Mujeres, niñas y familias indígenas entre los grupos más afectados
La CIDH identificó impactos diferenciados sobre mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores, desplazadas y defensoras de derechos humanos.
Entre las situaciones de mayor preocupación figuran las denuncias de violencia sexual contra adolescentes, los desplazamientos recurrentes de familias indígenas y el deterioro de las condiciones alimentarias y de salud.
La Comisión destacó particularmente la situación de Polo Paiwas, comunidad que continúa enfrentando desplazamientos y control territorial por parte de terceros, con consecuencias para la seguridad y la permanencia de sus habitantes en sus territorios ancestrales.
CIDH exige medidas urgentes al Estado de Nicaragua
En su resolución, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua adoptar acciones inmediatas para garantizar la seguridad de las personas beneficiarias, con un enfoque étnico-cultural, de género y de edad.
Entre las medidas requeridas se encuentran:
- Proteger la vida y la integridad personal de las personas beneficiarias frente a amenazas, actos de violencia y posibles situaciones de trabajo forzado.
- Prevenir la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes, mediante medidas de protección adecuadas a su edad y género.
- Garantizar alimentación, agua potable y atención en salud, especialmente a las personas desplazadas y en condiciones de precariedad, respetando las formas tradicionales de subsistencia de las comunidades.
- Concertar medidas de protección con las comunidades, para que sus integrantes puedan vivir de manera segura en sus territorios.
- Investigar de forma efectiva los hechos de violencia denunciados, con el objetivo de evitar la impunidad y prevenir nuevas agresiones.
CIDH levanta medidas cautelares a dos personas
Como parte de la Resolución 90/2026, la Comisión también decidió levantar las medidas cautelares respecto a Delvin Rosalio Colomer y Deborah Escobar Lackwood.
Sin embargo, la protección internacional para las comunidades indígenas de Polo Paiwas, Naranjal, Cocal y Suniwas continúa bajo seguimiento, debido a que la CIDH considera que los riesgos que enfrentan sus integrantes no han sido superados.
La decisión vuelve a poner de relieve la persistencia de la violencia territorial contra comunidades indígenas de Nicaragua y la necesidad de garantizar su seguridad, sus derechos colectivos y la protección de sus territorios.
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