El cuestionado acto político ocurre en medio de un nuevo proceso de reformas constitucionales impulsado por el oficialismo.
El 1 de septiembre de 2026, la Asamblea Nacional nombrada por los ciudadanos como “La Chanchera” aprobó en primera legislatura una iniciativa que modifica 13 artículos de la Constitución Política de Nicaragua que busca la perpetuidad en el poder semejante a la dictadura Somocista que tanto dolor provoco al país.
Entre los cambios propuestos se encuentra la ampliación de seis a siete años de los períodos de la copresidencia, de los cargos de elección popular y de otras autoridades estatales. La iniciativa también incorpora restricciones para aspirantes a cargos públicos bajo las categorías de “golpistas” y “traidores a la patria”, además de limitar el reconocimiento legal de partidos políticos vinculados a financiamiento extranjero, un invento de la desenhetrada vice dictadora represora Rosario Murillo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un pronunciamiento del 3 de agosto de 2026, advirtió que la iniciativa busca perpetuar el ejercicio del poder, restringir la competencia política y eliminar condiciones necesarias para la alternancia democrática. La Comisión también cuestionó las declaraciones de Daniel Ortega sobre la posibilidad de que en Nicaragua no vuelvan a celebrarse elecciones. OEA
Abusos de poder
La reforma de 2026 se suma a la modificación constitucional de 2025, que alteró más de cien artículos de la Carta Magna y consolidó, según la CIDH, la subordinación de los poderes públicos al control presidencial.
La segunda legislatura para la ratificación de la reforma de 2026 está prevista para enero de 2027.
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