Trabajadores del Estado denuncian la aplicación de nuevos descuentos salariales bajo el concepto de “contribuciones voluntarias”, que en la práctica estarían siendo deducidos directamente de sus pagos mensuales para financiar al partido oficialista.
Quejas por reducción del salario
Empleados públicos aseguran que las deducciones se realizan sin consentimiento real y que impactan directamente en sus ingresos, en un contexto donde el salario mínimo en Nicaragua es uno de los más bajos de la región.
“No nos alcanza ni para comer y ahora hay que mantener al partido”, expresó un trabajador afectado, quien señaló que los recortes se reflejan directamente en su cheque de pago.
Otra trabajadora afirmó: “Me están empezando a quitar más córdobas para el partido y lo están haciendo directamente del cheque. Cada vez que hay un aumento, en realidad se siente como una disminución del salario”.
Tabla de descuentos aplicada
Según la información compartida por empleados, se habría establecido una escala de deducciones mensuales en función del salario:
- C$10,000–20,000 → C$200
- C$20,001–30,000 → C$700
- C$30,001–40,000 → C$1,300
- C$40,001–50,000 → C$2,000
- C$50,001–60,000 → C$2,800
- Más de C$60,000 → C$3,700
Estas deducciones representarían entre un 2% y más del 6% del salario mensual, dependiendo del ingreso.
De cobros informales a descuentos automáticos
Trabajadores también relatan que anteriormente los aportes eran solicitados de forma directa en instituciones públicas, pero que ahora el cobro se realiza automáticamente desde la nómina estatal.
“Antes llegaban a pedir el dinero y muchos evitaban pagar. Ahora ya lo descuentan desde Managua”, comentó un empleado bajo condición de anonimato.
Temor a represalias
Los denunciantes aseguran que existe temor a expresar inconformidad debido a posibles represalias laborales, lo que limita las quejas formales ante estas prácticas.
Cuestionamientos legales
Especialistas y voces críticas consideran que financiar a un partido político mediante deducciones obligatorias desde el Estado es inconstitucional y representa un abuso contra los trabajadores públicos.
El tema ha generado preocupación y debate, mientras no existe una postura oficial clara sobre estas denuncias.
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