La OEA analizará una declaración sobre Nicaragua durante su Asamblea General en Panamá. El debate ocurre en medio de denuncias de represión, exilio forzado y restricciones a las libertades fundamentales.
La situación de Nicaragua volvió a ocupar un lugar relevante en la agenda hemisférica durante la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se desarrolla esta semana en Panamá.
Autoridades del organismo confirmaron que los Estados miembros discutirán una declaración específica sobre Nicaragua, en medio de las continuas denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos, persecución política y debilitamiento de las instituciones democráticas.
OEA mantiene vigilancia sobre Nicaragua
Durante una conferencia de prensa, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, señaló que la salida de Nicaragua de la organización no elimina la responsabilidad del organismo de dar seguimiento a los acontecimientos que afectan al país y a la región.
“Eso no nos quita la responsabilidad”, afirmó Ramdin al referirse al compromiso de la OEA con la democracia y los derechos humanos en el continente.
La posición refleja la preocupación de varios gobiernos y organismos internacionales por la evolución de la crisis nicaragüense, que se ha profundizado desde las protestas de 2018.
Una declaración exclusiva sobre la crisis nicaragüense
La secretaria general adjunta de la OEA, Laura Gil, informó que una de las cuatro declaraciones que serán sometidas a consideración de los Estados miembros está dedicada exclusivamente a Nicaragua.
El documento forma parte de una agenda enfocada en democracia, gobernabilidad, seguridad hemisférica y estabilidad regional, temas que han cobrado relevancia ante el deterioro de las libertades públicas en varios países del continente.
Persisten denuncias de persecución y exilio
La discusión se produce en un contexto marcado por el exilio de miles de nicaragüenses, el cierre de medios de comunicación independientes, la cancelación de organizaciones civiles, la confiscación de universidades y las acciones judiciales contra opositores, periodistas, líderes religiosos y defensores de derechos humanos.
Diversos organismos internacionales han advertido que estas medidas han reducido significativamente los espacios de participación ciudadana y las garantías para el ejercicio de derechos fundamentales.
Mientras el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene distancia de los organismos internacionales y rechaza las críticas externas, la situación de Nicaragua continúa generando preocupación en foros multilaterales, donde persisten los llamados a restablecer las libertades públicas, el Estado de derecho y las condiciones para una transición democrática pacífica.
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